Luego de la independencia, los estados afrontaron el reto de gobernarse. Los 13 estados requerían un plan de gobierno que satisficiera sus necesidades. Tras años de dominio británico, los estadounidenses habían decidido que no delegarían demasiado poder en un gobernante o cuerpo gubernativo. Por ello, redactaron constituciones que limitaban el poder del gobernador. La Constitución de Pensilvania reemplazó el cargo por un consejo electo de 12 personas.
Los estados dividieron también el poder entre el gobernador (o el consejo) y la asamblea legislativa. La mayoría estableció asambleas legislativas de dos cámaras, o de tipo bicameral, para dividir aun más el trabajo del gobierno.
Las primeras constituciones estatales tenían por objeto mantener el poder en manos del pueblo. Por ejemplo, los electores elegían a los legisladores estatales y los estados convocaban con frecuencia elecciones. En la mayoría de los estados solo podían votar los hombres blancos mayores de 21 años.
Dado que las constituciones estatales limitaban los poderes de los gobernadores, las asambleas legislativas se convirtieron en la rama más poderosa del gobierno. Las asambleas legislativas estatales se esforzaron por crear impuestos justos para todos, pero surgieron desacuerdos.
El pueblo estadounidense debía formar también un Gobierno nacional, así que acordó que el nuevo país debía ser una república constitucional, un régimen en el cual los ciudadanos gobiernan por medio de representantes elegidos. Estos representantes trabajarían durante un periodo fijo y se comprometerían a acatar las leyes establecidas en una constitución escrita, o plan de gobierno.
En un comienzo, la mayoría de la ciudadanía quería un gobierno central débil a fin de que los estados pudieran actuar con autonomía en la mayoría de asuntos y solo dependieran de este para hacer la guerra y manejar las relaciones con otros países.